Pensiones por discapacidad: el IPS incumple la ley

Las pensiones por discapacidad no contributivas en la provincia de Buenos Aires están reguladas a través de la Ley 10.205, que en su artículo 9 establece que el monto de éstas debe ser equivalente “al haber mínimo jubilatorio vigente para los beneficiarios del Instituto de Previsión Social (IPS)”, pero en los hechos el organismo incumple sistemáticamente este mandato, lo que motivó una demanda colectiva por parte de los damnificados.

Al inicio del conflicto  la propuesta del titular del organismo, Eduardo Santín , consistió en el ofrecimiento de pasar a los pensionados bonaerenses (alrededor de 25 mil) al régimen nacional, lo que implicaba la pérdida automática de IOMA, la obra social de la Provincia. Ante el rechazo, el compromiso fue mantenerles el beneficio de la obra social, no así a los nuevos pensionados.

“La persona con discapacidad requiere mucha atención en términos médicos, tratamientos, rehabilitación, atención psicológica o psiquiátrica, y con IOMA tienen cobertura total”, explica José María Martocci, a cargo de la representación legal de la causa, y agrega que la propuesta fue rechazada por sus representados porque “no podían avalar una política pública que implicaba la perdida de derechos para futuras generaciones”.

Mientras en la actualidad una jubilación mínima en territorio bonaerense promedia los 14 mil pesos, los montos de las pensiones por discapacidad -si bien pasaron en mayo de 1.300 pesos para personas menores de edad y 860 pesos para mayores, a 4.020 pesos y 2.814 pesos respectivamente -siguen resultando inferiores al haber de referencia, y lo más valioso de la prestación “y a su vez extorsivo”, según definen los beneficiarios que reclaman el reconocimiento de su derechos previsionales, es la cobertura de IOMA.

El silencio del IPS ante los reiterados reclamos motivó que desde la ONG Asociación Azul, promovieran una demanda en la justicia contra el Estado provincial y el IPS, bajo el patrocinio de la Clínica de Discapacidad y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que dirige Martocci, amparados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -de rango constitucional en la Argentina.

La acción judicial iniciada en 2020, tramita ante el Juzgado Contencioso Administrativo 4 de La Plata, a cargo de María Ventura Martínez, que abrió una mesa de gestión para iniciar el proceso de diálogo entre las partes para que puedan arribar a una solución efectiva.

El régimen provincial coexiste con un régimen nacional que sí se actualiza de forma automática y cuyo monto -equivalente al 70 por ciento de la jubilación mínima- se ubica en torno a los 17 mil pesos.

Cabe destacar que cualquier persona en condiciones de solicitar una pensión –residente en Buenos Aires- puede hacerlo ante la Provincia o la Nación. Pero no es tan sencillo: a quien lo haga a través de ANSES, le corresponderá la cobertura de Incluir Salud. A quien lo tramite por el IPS, le tocará IOMA. Son alrededor de 54 mil bonaerenses quienes tienen acceso a la pensión otorgada por la Nación y por lo tanto no cuentan con el beneficio de la obra social de la Provincia.

La excusa oficial es que llevar las pensiones a 14.040 pesos, como reclama la parte actora, “generaría un gran incentivo a la migración de los 271.278 pensionados por invalidez que residen en la provincia de Buenos Aires”, según el Padrón de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) 2021, ya que los montos se acercarían a los que abona el Gobierno Nacional “y la cobertura de las prestaciones que brinda la Provincia a través del IOMA resultan más atractivas que la del Plan Incluir Salud”, argumentan.

Ir arriba